Famatina pudo, todos podemos". La tapa del número anterior de Prensa Obrera anticipó un crecimiento de las luchas. En Andalgalá, en Belén y en otros pueblos de Catamarca y Tucumán, los piquetes contra Minera La Alumbrera han ganado las rutas.
Lo mismo ocurre en Cafayate (Salta) y en Bariloche y Esquel.
Rechazan la explotación minera depredadora gobernada por el lucro capitalista.
Un sistema basado en la tercerización, el hacinamiento y la insalubridad laboral, en la destrucción del medio ambiente en gran escala, y en el saqueo de recursos estratégicos.
Varios de los Estados imperialistas que albergan a los accionistas de estos pulpos han prohibido la explotación a cielo abierto, con explosivos y cianuro.
Por eso se encuentra en marcha una rebelión continental, de Panamá a la Patagonia, del Amazonas a la Cordillera.
El gobierno ha elegido su campo hace mucho, con Xstrata, Barrick Gold o Anglogold -o sea las Bolsas de Londres y Nueva York.
Mientras se invoca la soberanía nacional en Malvinas, las mineras copan los medios de la región y organizan la 'seguridad' contra el pueblo en lucha.
Los piratas dominan el NOA con sus gurkas (gobernadores) 'nacionales y populares'.
Los Kirchner, Gioja, Corpacci o Urtubey quieren salvar sus presupuestos con las migajas que dejan los pulpos mineros, aunque descapitalicen a la Nación.
Es otra manifestación del ajuste en marcha. La rebelión del Norte vuelve a colocar sobre el tapete la cuestión de quién paga la crisis.
Apoyemos la rebelión de los pueblos del norte, impulsemos una gran lucha nacional contra los monopolios mineros, los tarifazos y el ajuste.
viernes 17 de febrero de 2012
Una asociación ilícita con los pulpos mineros
En las vísperas del segundo aniversario de la pueblada de Andalgalá, siete gobernadores y Cristina Kirchner cerraron un pacto para enfrentar las puebladas contra los pulpos mineros. El "pacto minero" asocia a los Estados provinciales con los monopolios contaminadores. El oficialista BAE reconoce que, a cambio de estas empresas mixtas, las empresas lograrían "evitar que se revise su privilegiado marco impositivo" (15/9); "el tema tributario no se toca", le cuenta un ‘vocero' del pacto. El "pacto" prevé la constitución de fondos específicos, para otorgar préstamos (deuda) a las administraciones provinciales; se trata de una "unión de por vida" con Xstrata, Anglogold, Barrick, Goldcorp y Glencore. Los firmantes del pacto son los mismos que se adjudican una ‘ofensiva' contra Repsol-YPF.
El acuerdo tiene una cláusula no escrita: la declaración de guerra a los piquetes que luchan contra los monopolios mineros. Estamos ante una "asociación ilícita" para desalojar las rutas. La seguridad pública, la policía y el acceso a Andalgalá han sido colocados bajo una guardia privada del pulpo La Alumbrera. En el noroeste argentino tenemos unas Falklands gobernadas por gurkas nacionales y populares.
La malvinización, una careta
Lo que ocurre en el norte desnuda que la agitación malvinera del kirchnerismo es un taparrabos de la entrega a los fondos de inversión de la city de Londres, donde recogen el capital los pulpos mineros. El ‘pacto minero' bien podría ser firmado por Cameron para Malvinas: policía, seguridad pública, yacimientos y sus accesos para el Reino Unido, pero con la bandera celeste y blanca. El gobierno nacional y popular quiere seducir a los piratas con el ejemplo.
Una crisis de conjunto
La entrega de los recursos del suelo a los monopolios mineros, que abarca al conjunto de América Latina, ha cobrado un vigor inusitado, porque forma parte de la lucha desesperada por el control de las materias primas entre los capitales acuciados por la crisis capitalista. A su vez, pone al desnudo las limitaciones insalvables de los gobiernos nac & pop como Correa, Humala, Morales, Rousseff y CFK. La explotación depedradora emerge de la necesidad de elevar la tasa de beneficio mediante una rotación más rápida del capital.
La rebelión popular que baja de La Rioja, de Catamarca y de todo el noroeste argentino reclama un apoyo de conjunto, que necesariamente depende de una lucha real contra la totalidad del ajuste. Se encuentra en debate la concreción de una gran jornada de lucha para el próximo primero de marzo. Ganemos las calles con una intensa agitación política por la expulsión de los monopolios mineros, contra los tarifazos y el ajuste.
Marcelo Ramal
El acuerdo tiene una cláusula no escrita: la declaración de guerra a los piquetes que luchan contra los monopolios mineros. Estamos ante una "asociación ilícita" para desalojar las rutas. La seguridad pública, la policía y el acceso a Andalgalá han sido colocados bajo una guardia privada del pulpo La Alumbrera. En el noroeste argentino tenemos unas Falklands gobernadas por gurkas nacionales y populares.
La malvinización, una careta
Lo que ocurre en el norte desnuda que la agitación malvinera del kirchnerismo es un taparrabos de la entrega a los fondos de inversión de la city de Londres, donde recogen el capital los pulpos mineros. El ‘pacto minero' bien podría ser firmado por Cameron para Malvinas: policía, seguridad pública, yacimientos y sus accesos para el Reino Unido, pero con la bandera celeste y blanca. El gobierno nacional y popular quiere seducir a los piratas con el ejemplo.
Una crisis de conjunto
La entrega de los recursos del suelo a los monopolios mineros, que abarca al conjunto de América Latina, ha cobrado un vigor inusitado, porque forma parte de la lucha desesperada por el control de las materias primas entre los capitales acuciados por la crisis capitalista. A su vez, pone al desnudo las limitaciones insalvables de los gobiernos nac & pop como Correa, Humala, Morales, Rousseff y CFK. La explotación depedradora emerge de la necesidad de elevar la tasa de beneficio mediante una rotación más rápida del capital.
La rebelión popular que baja de La Rioja, de Catamarca y de todo el noroeste argentino reclama un apoyo de conjunto, que necesariamente depende de una lucha real contra la totalidad del ajuste. Se encuentra en debate la concreción de una gran jornada de lucha para el próximo primero de marzo. Ganemos las calles con una intensa agitación política por la expulsión de los monopolios mineros, contra los tarifazos y el ajuste.
Marcelo Ramal
viernes 23 de diciembre de 2011
Ante el ‘choque' entre los K y la burocracia sindical
Nuestro planteo a los trabajadores
La demagogia verbal de Moyano no es novedad; en mayo de 2000, la ‘cáscara vacía' con la que calificó en Huracán al PJ, ya había sido señalada por él mismo, incluso con más fuerza, como "un agotamiento del peronismo". Moyano, sin embargo, no denunció el tarifazo, que es el eje del ‘ajuste' del viejo-nuevo gobierno, ni los impuestazos de Scioli, Macri o Binner, quizá porque sus empresas de recolección de basura dependen de los ingresos de los distritos en que operan. No mencionó tampoco el ‘laudo' que rebaja en once puntos el aumento salarial que habían firmado Uatre y las patronales ruralistas. Con Cirielli en la tribuna, olvidó también la re-militarización de los controladores aéreos y la amenaza de intervenir al sindicato de técnicos aeronáuticos. Estos ‘silencios' avalan la política oficial para que "la crisis la paguen los trabajadores". Una versión de las últimas horas asegura que el gobierno estaría dispuesto a discutir todas las diferencias con Moyano, a cambio de un acuerdo para que las paritarias no pasen del 18% de aumento salarial. Es decir, repetir la bajada de línea que Moyano cocinó con CFK en las paritarias pasadas -aunque el ‘techo' fracasara luego en numerosos sindicatos. Pero al gobierno no lo conforma repetir lo ocurrido en 2011: ahora va por colocar a una figura de su palo en la conducción de la CGT. Moyano ha dejado trascender que estaría dispuesto a esto -siempre, insistimos, a cambio de preservar su aparato económico. Moyano se mira en el espejo de Clarín.
El secretario de la CGT no puso a la central en la ruta de un plan de lucha, sino que destinó su empeño en reagrupar fuerzas con Venegas, Barrionuevo o Palazzo, de la Bancaria, heredero de Zanola -cuya liberación saludó desde Huracán. Retiró a sus legisladores del voto al nuevo Régimen de Trabajo Agrario, para defender el monopolio de la caja de Venegas, aunque la nueva ley contenga disposiciones que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Sumó, aunque en parte, al "601" Gerardo Martínez.
Pablo Micheli, que tiene paralizada a su CTA, dejó de lado todo esto para pedirle a Moyano que convenga un ‘plan de acción' -probablemente en torno a la cuestión del mínimo no imponible de ganancias, que afecta a un número mayor de trabajadores. El gobierno ya ha declarado que pretende compensar este aumento con el ‘techo' paritario.
La crisis del gobierno con Moyano es la expresión deformada de una crisis que ha crecido con el movimiento obrero en su conjunto; el tarifazo ha llevado a CFK a blanquear su posición represiva frente al derecho de huelga, que incluye el procesamiento a cinco mil luchadores clasistas. Moyano extorsiona a los K con sacar los sindicatos a la calle, para que se retiren las acusaciones judiciales en curso y se asegure el control de la caja de las obras sociales para la burocracia. No se puede soslayar que acaban de ser procesados seis dirigentes de la Oschoca, la obra social camionera, y hasta el propio Rinaldi, el abogado de su confianza, que administró el APE durante años. La presión de los reclamos y de las luchas, si bien impulsan un frente común defensivo entre Moyano y el gobierno contra las bases de los sindicatos, en última instancia desarrolla entre ellos una crisis política, porque esas luchas cuestionan la vigencia del esquema económico (agotado) que ha dado sustento al ‘modelo' de los K. Existe una crisis de conjunto que afecta a todos los sectores comprometidos con el régimen actual, que además azuza sus enfrentamientos de intereses.
Los observadores políticos coinciden en la opinión de que el destino de esta crisis será determinado por lo que ocurra en las paritarias -a partir de marzo. Es una visión estrecha de la crisis política, la cual involucra mucho más -al conjunto de las relaciones sociales. Sobre la base de la oposición al ‘ajuste', es necesario desarrollar una fuerte movilización popular, por ejemplo contra el tarifazo y contra el procesamiento de los luchadores, que sirva como un factor de organización y que refuerce la alternativa política contra la burguesía y sus agentes -el gobierno y la burocracia sindical. Por eso es necesario oponer al tarifazo la nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas de servicios y de las petroleras, bajo el control de los trabajadores.
En la misma línea, en oposición a las corridas cambiarias y a las medidas administrativas del gobierno, plantear la nacionalización de los bancos y del comercio exterior, siempre bajo control obrero, en función de otro plan económico frente a la crisis, discutido por el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Con este marco de lucha política se podrá preparar la intervención de las bases en las paritarias, en primer lugar para que los reclamos y los paritarios sean votados en asambleas sindicales y congresos con mandatos de las bases.
La manifestación gigantesca que conmemoró el 20 de diciembre ha sido una poderosa expresión de la rebeldía que se va apoderando de una masa creciente de trabajadores y de la juventud en general. Estuvo en sintonía con el desarrollo electoral que registró el Frente de Izquierda, que de este modo demuestra que es la parte más clara de un proceso de conjunto. Por eso, sobre la base de esta caracterización, la consigna debe ser: iniciativa, iniciativa y más iniciativa, para que la crisis la paguen los capitalistas y una nueva dirección de la clase obrera.
Néstor Pitrola
La demagogia verbal de Moyano no es novedad; en mayo de 2000, la ‘cáscara vacía' con la que calificó en Huracán al PJ, ya había sido señalada por él mismo, incluso con más fuerza, como "un agotamiento del peronismo". Moyano, sin embargo, no denunció el tarifazo, que es el eje del ‘ajuste' del viejo-nuevo gobierno, ni los impuestazos de Scioli, Macri o Binner, quizá porque sus empresas de recolección de basura dependen de los ingresos de los distritos en que operan. No mencionó tampoco el ‘laudo' que rebaja en once puntos el aumento salarial que habían firmado Uatre y las patronales ruralistas. Con Cirielli en la tribuna, olvidó también la re-militarización de los controladores aéreos y la amenaza de intervenir al sindicato de técnicos aeronáuticos. Estos ‘silencios' avalan la política oficial para que "la crisis la paguen los trabajadores". Una versión de las últimas horas asegura que el gobierno estaría dispuesto a discutir todas las diferencias con Moyano, a cambio de un acuerdo para que las paritarias no pasen del 18% de aumento salarial. Es decir, repetir la bajada de línea que Moyano cocinó con CFK en las paritarias pasadas -aunque el ‘techo' fracasara luego en numerosos sindicatos. Pero al gobierno no lo conforma repetir lo ocurrido en 2011: ahora va por colocar a una figura de su palo en la conducción de la CGT. Moyano ha dejado trascender que estaría dispuesto a esto -siempre, insistimos, a cambio de preservar su aparato económico. Moyano se mira en el espejo de Clarín.
El secretario de la CGT no puso a la central en la ruta de un plan de lucha, sino que destinó su empeño en reagrupar fuerzas con Venegas, Barrionuevo o Palazzo, de la Bancaria, heredero de Zanola -cuya liberación saludó desde Huracán. Retiró a sus legisladores del voto al nuevo Régimen de Trabajo Agrario, para defender el monopolio de la caja de Venegas, aunque la nueva ley contenga disposiciones que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Sumó, aunque en parte, al "601" Gerardo Martínez.
Pablo Micheli, que tiene paralizada a su CTA, dejó de lado todo esto para pedirle a Moyano que convenga un ‘plan de acción' -probablemente en torno a la cuestión del mínimo no imponible de ganancias, que afecta a un número mayor de trabajadores. El gobierno ya ha declarado que pretende compensar este aumento con el ‘techo' paritario.
La crisis del gobierno con Moyano es la expresión deformada de una crisis que ha crecido con el movimiento obrero en su conjunto; el tarifazo ha llevado a CFK a blanquear su posición represiva frente al derecho de huelga, que incluye el procesamiento a cinco mil luchadores clasistas. Moyano extorsiona a los K con sacar los sindicatos a la calle, para que se retiren las acusaciones judiciales en curso y se asegure el control de la caja de las obras sociales para la burocracia. No se puede soslayar que acaban de ser procesados seis dirigentes de la Oschoca, la obra social camionera, y hasta el propio Rinaldi, el abogado de su confianza, que administró el APE durante años. La presión de los reclamos y de las luchas, si bien impulsan un frente común defensivo entre Moyano y el gobierno contra las bases de los sindicatos, en última instancia desarrolla entre ellos una crisis política, porque esas luchas cuestionan la vigencia del esquema económico (agotado) que ha dado sustento al ‘modelo' de los K. Existe una crisis de conjunto que afecta a todos los sectores comprometidos con el régimen actual, que además azuza sus enfrentamientos de intereses.
Los observadores políticos coinciden en la opinión de que el destino de esta crisis será determinado por lo que ocurra en las paritarias -a partir de marzo. Es una visión estrecha de la crisis política, la cual involucra mucho más -al conjunto de las relaciones sociales. Sobre la base de la oposición al ‘ajuste', es necesario desarrollar una fuerte movilización popular, por ejemplo contra el tarifazo y contra el procesamiento de los luchadores, que sirva como un factor de organización y que refuerce la alternativa política contra la burguesía y sus agentes -el gobierno y la burocracia sindical. Por eso es necesario oponer al tarifazo la nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas de servicios y de las petroleras, bajo el control de los trabajadores.
En la misma línea, en oposición a las corridas cambiarias y a las medidas administrativas del gobierno, plantear la nacionalización de los bancos y del comercio exterior, siempre bajo control obrero, en función de otro plan económico frente a la crisis, discutido por el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Con este marco de lucha política se podrá preparar la intervención de las bases en las paritarias, en primer lugar para que los reclamos y los paritarios sean votados en asambleas sindicales y congresos con mandatos de las bases.
La manifestación gigantesca que conmemoró el 20 de diciembre ha sido una poderosa expresión de la rebeldía que se va apoderando de una masa creciente de trabajadores y de la juventud en general. Estuvo en sintonía con el desarrollo electoral que registró el Frente de Izquierda, que de este modo demuestra que es la parte más clara de un proceso de conjunto. Por eso, sobre la base de esta caracterización, la consigna debe ser: iniciativa, iniciativa y más iniciativa, para que la crisis la paguen los capitalistas y una nueva dirección de la clase obrera.
Néstor Pitrola
viernes 18 de noviembre de 2011
Marchemos el 23 a Plaza de Mayo
Por el desprocesamiento y la libertad de los luchadores
Un conjunto de organizaciones obreras y estudiantiles, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos marcharemos el próximo 23, de Congreso a Plaza de Mayo, para reclamar contra la criminalización de la protesta social, por el cese de las persecuciones judiciales a los luchadores y la libertad de los presos políticos.
Entre los convocantes se encuentran los delegados de la Línea 60, los ferroviarios del Sarmiento y de la agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", los delegados del Teatro Colón, los familiares del delegado petrolero Víctor Oñate, los trabajadores de la construcción del Sitraic y los trabajadores de Kraft, compañeros que se encuentran en el centro de una escalada contra la protesta social que apunta a regimentar y descabezar al movimiento obrero combativo.
Mientras el gobierno transa con la burocracia sindical la impunidad de los Moyano, los Gerardo Martínez, los Venegas y hasta de los Pedraza, acicatea la persecución penal contra el activismo y deja correr el accionar de las patotas sindicales.
Judicialización, regimentación, patotas
Un relevamiento del Espacio Memoria, Verdad y Justicia lleva contabilizados 2.700 procesos judiciales contra luchadores obreros y populares. Según la estimación de las organizaciones de derechos humanos, la cifra final superaría holgadamente los 6.000. En su mayoría, se trata de cortes de ruta o de vías, huelgas, manifestaciones callejeras y ocupaciones. Así se cumple el diktat de Aníbal Fernández acerca de "gobernar con el código penal en la mano" contra las protestas sociales.
Los procesos alcanzan también a los dirigentes políticos de la izquierda que se solidarizaron con esas luchas, como es el caso de Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, procesados y embargados por llevar su apoyo a la huelga de los trabajadores de Kraft en el año 2009.
Estos procesos judiciales van más allá de la amenaza (una condena puede ser causal de desafuero y despido) o de la inhibición sobre los escasos bienes de un trabajador, y dan lugar a prisiones efectivas. Son los casos del delegado petrolero Víctor Oñate -preso desde hace cinco meses, luego de la rebelión de los trabajadores del norte de Santa Cruz contra la burocracia de Chaco Segovia-, del militante del Sitraic Carlos Olivera, de los jujeños Mario Tapia y Aldo Claros -chivos expiatorios de la masacre de Ledesma, a quienes la policía arrancó "confesiones" mediante torturas y amenazas- y de la activista Karina Germano.
La persecución judicial se complementa con la "tercerización de la represión", a cargo de las patotas de la burocracia sindical que actúan amparadas en el silencio oficial.
Política de Estado
Esta ofensiva cuenta con el aval político del gobierno. Las señales más elocuentes las dieron Nilda Garré, al acusar desde la sala de conferencias de la Rosada a los compañeros de Mariano Ferreyra por los desmanes fogoneados por la burocracia en Constitución en diciembre del año pasado; Aníbal Fernández, que respaldó por todos los medios de comunicación la detención sin pruebas del Pollo Sobrero; la mismísima Presidenta de la Nación, al acusar a los tercerizados del ferrocarril Roca de "buscar un muerto" y al atacar los reclamos de los trabajadores del subte, que pelean por el reconocimiento de su sindicato independiente.
Macri, por su parte, continúa impulsando el desafuero de los delegados del Colón -sobre los cuales pide un embargo de 65 millones de pesos- y desconociendo a los paritarios legítimos de los trabajadores. Se apoya en la burocracia de Sutecba, completamente extraña a laburantes del Colón, para avanzar en el desguace y privatización del teatro.
El objetivo de esta persecución es disciplinar y regimentar al movimiento obrero, para poder descargar sobre los trabajadores las consecuencias del tarifazo en marcha, de los topes salariales, de la reducción del "gasto social" para atender el pago de la deuda externa, de la fuga de capitales, de la devaluación contra el bolsillo de los trabajadores y jubilados, del sostenimiento de las privatizaciones del menemismo.
Todos a la marcha
Son los buchones de la dictadura, los asesinos de trabajadores, los mafiosos de los medicamentos, los que deben pagar con la cárcel por sus crímenes contra la clase obrera. El 23 de noviembre, reclamaremos en Plaza de Mayo por el desprocesamiento y la libertad para los luchadores.
Jacyn
Un conjunto de organizaciones obreras y estudiantiles, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos marcharemos el próximo 23, de Congreso a Plaza de Mayo, para reclamar contra la criminalización de la protesta social, por el cese de las persecuciones judiciales a los luchadores y la libertad de los presos políticos.
Entre los convocantes se encuentran los delegados de la Línea 60, los ferroviarios del Sarmiento y de la agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", los delegados del Teatro Colón, los familiares del delegado petrolero Víctor Oñate, los trabajadores de la construcción del Sitraic y los trabajadores de Kraft, compañeros que se encuentran en el centro de una escalada contra la protesta social que apunta a regimentar y descabezar al movimiento obrero combativo.
Mientras el gobierno transa con la burocracia sindical la impunidad de los Moyano, los Gerardo Martínez, los Venegas y hasta de los Pedraza, acicatea la persecución penal contra el activismo y deja correr el accionar de las patotas sindicales.
Judicialización, regimentación, patotas
Un relevamiento del Espacio Memoria, Verdad y Justicia lleva contabilizados 2.700 procesos judiciales contra luchadores obreros y populares. Según la estimación de las organizaciones de derechos humanos, la cifra final superaría holgadamente los 6.000. En su mayoría, se trata de cortes de ruta o de vías, huelgas, manifestaciones callejeras y ocupaciones. Así se cumple el diktat de Aníbal Fernández acerca de "gobernar con el código penal en la mano" contra las protestas sociales.
Los procesos alcanzan también a los dirigentes políticos de la izquierda que se solidarizaron con esas luchas, como es el caso de Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, procesados y embargados por llevar su apoyo a la huelga de los trabajadores de Kraft en el año 2009.
Estos procesos judiciales van más allá de la amenaza (una condena puede ser causal de desafuero y despido) o de la inhibición sobre los escasos bienes de un trabajador, y dan lugar a prisiones efectivas. Son los casos del delegado petrolero Víctor Oñate -preso desde hace cinco meses, luego de la rebelión de los trabajadores del norte de Santa Cruz contra la burocracia de Chaco Segovia-, del militante del Sitraic Carlos Olivera, de los jujeños Mario Tapia y Aldo Claros -chivos expiatorios de la masacre de Ledesma, a quienes la policía arrancó "confesiones" mediante torturas y amenazas- y de la activista Karina Germano.
La persecución judicial se complementa con la "tercerización de la represión", a cargo de las patotas de la burocracia sindical que actúan amparadas en el silencio oficial.
Política de Estado
Esta ofensiva cuenta con el aval político del gobierno. Las señales más elocuentes las dieron Nilda Garré, al acusar desde la sala de conferencias de la Rosada a los compañeros de Mariano Ferreyra por los desmanes fogoneados por la burocracia en Constitución en diciembre del año pasado; Aníbal Fernández, que respaldó por todos los medios de comunicación la detención sin pruebas del Pollo Sobrero; la mismísima Presidenta de la Nación, al acusar a los tercerizados del ferrocarril Roca de "buscar un muerto" y al atacar los reclamos de los trabajadores del subte, que pelean por el reconocimiento de su sindicato independiente.
Macri, por su parte, continúa impulsando el desafuero de los delegados del Colón -sobre los cuales pide un embargo de 65 millones de pesos- y desconociendo a los paritarios legítimos de los trabajadores. Se apoya en la burocracia de Sutecba, completamente extraña a laburantes del Colón, para avanzar en el desguace y privatización del teatro.
El objetivo de esta persecución es disciplinar y regimentar al movimiento obrero, para poder descargar sobre los trabajadores las consecuencias del tarifazo en marcha, de los topes salariales, de la reducción del "gasto social" para atender el pago de la deuda externa, de la fuga de capitales, de la devaluación contra el bolsillo de los trabajadores y jubilados, del sostenimiento de las privatizaciones del menemismo.
Todos a la marcha
Son los buchones de la dictadura, los asesinos de trabajadores, los mafiosos de los medicamentos, los que deben pagar con la cárcel por sus crímenes contra la clase obrera. El 23 de noviembre, reclamaremos en Plaza de Mayo por el desprocesamiento y la libertad para los luchadores.
Jacyn
Un giro de la situación política, tres semanas después de las elecciones
Han pasado apenas tres semanas de las elecciones nacionales: el gobierno sigue contando con el 54% de los votos y CFK asumirá el 9 ó 10 de diciembre, pero ya nada es como era entonces. Las contradicciones que se fueron acumulando durante un tiempo han dejado al 'modelo' sin ropas -y han desacreditado por completo las pavadas que se dijeron de él. La caja de las sorpresas la destaparon Boudou y De Vido cuando anunciaron la eliminación ("gradual") de los subsidios, que habían sido (y continúan siendo) presupuestados en 80 mil millones de pesos para 2012. La factura, gruesa, será cargada a los trabajadores, quienes en su mayoría acaban de votar por el FpV. La loza más pesada de este fardo es el subsidio a la importación de combustible - y no solamente porque representa el 40% del monto total. Ocurre que una liberación de tarifas supondría aplicar a pleno el precio internacional (que triplica al interno en lo que tiene que ver con el gas que viene de Bolivia y es cinco o seis veces mayor cuando viene embarcado de otros orígenes), sin la posibilidad de aumentar la producción interna, debido a que no ha habido inversiones significativas en este rubro. Muchos observadores descartan, por eso, que se los elimine -con el consiguiente impacto fiscal. En resumen, el gobierno que despotrica contra el 'ajuste' en sus viajes, se apresta a ejecutar un 'ajustazo'. Aunque intenten disimularlo, los sindicatos están conmovidos. La Presidenta, Binner y López Murphy han coincidido en la necesidad de poner un 'tope' a los aumentos de salarios.
Leña al fuego
El 'subsidiazo' tiene lugar cuando la inflación es del 25% anual, con mayor incidencia en los alimentos. Como ilustración, un corte inmediato de los subsidios aparejaría llevar ese porcentaje al 60%. De ahí que se plantee el 'gradualismo'. De conjunto, se trata de una diferencia menor, porque en lugar de un golpe súbito tendríamos una curva creciente de inflación a lo largo de un tiempo políticamente muy largo. Ha sido, precisamente, el temor a esta posibilidad lo que ha retrasado tanto tiempo la eliminación de los subsidios. La beneficiaria de los subsidios ha sido la burguesía industrial, que pagó salarios menores gracias al impacto reducido de las tarifas en la canasta familiar. Después de diez años de 'reconstrucción' nacional y popular, el país no ha superado la 'emergencia' creada como consecuencia del derrumbe de 2001. La crisis de hace una década sigue presente en el sistema económico, como se expresa también en un sistema bancario que es la tercera parte del vigente hasta 2001 y en la ausencia de un flujo de créditos de largo plazo. El Estado se vale del Banco Central y de la Anses para pagar la deuda usuraria ('desendeudamiento'), a pesar de contar con precios de exportación excepcionales. La crisis de financiamiento de la economía kirchnerista ya produjo tres crisis políticas: 1) la del 'campo', por las retenciones; 2) la de las AFJP, con motivo de su estatización; 3) la del uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública y privada. La cuestión de los subsidios estalla ahora, precisamente, cuando todas las fuentes de financiamiento se han agotado: las reservas del Banco Central ya no cubren el dinero en circulación y son negativas cuando se le sustraen las deudas correspondientes. A los 46 mil millones de dólares declarados, es necesario restar los 15 mil millones que corresponden a depósitos privados y los 4 mil millones de préstamos de otros bancos centrales. Los 26 mil millones que quedan como resultado son muy inferiores a la deuda del Banco Central con los bancos locales -por 160 mil millones de pesos (unos 35 mil millones de dólares). Esta crisis de financiamiento ha transformado a la salida de divisas en una 'corrida' contra el peso, o sea una devaluación. Toda la burguesía apoya la misma -tanto la oficialista como la opositora. Pero una devaluación encima de un retiro de subsidios y de una inflación elevada, es un coctel explosivo. Esta emergencia ha unido a unos y otros contra los aumentos salariales y contra los sindicatos.
Sobre Atenas y Buenos Aires
¿No se parece Argentina, entonces, a Italia, Grecia, Portugal o España? ¿No está bailando al ritmo de la bancarrota capitalista? Los europeos piden a gritos un financiamiento sin límites del Banco Central Europeo para lidiar con la bancarrota de sus Estados y sus bancos. Los norteamericanos la reciben de la Reserva Federal. Los K están negociando la obtención de esa financiación con el Club de París -un conjunto de Estados europeos acreedores de Argentina por la deuda estatizada por Cavallo ¡en 1982! La gravedad de la situación está revelada por la imposición de un 'corralito' a la compra de dólares, que está alterando -como en 2001- las importaciones y la compra-venta de inmuebles, o incluso el turismo en el exterior (que para los socios comerciales de Argentina -en especial Uruguay- equivale a una restricción a las importaciones de esos países).
Intervencionismo: capitalista y anti-capitalista
En este cuadro, es claro que las medidas intervencionistas y los 'aprietes' del gobierno en el mercado de cambios son episódicos o temporales; no tienen nada que ver con un cambio de las relaciones sociales que explican esta crisis; están al servicio de la especulación capitalista. El tarifazo apuntala a un sistema privatizado de servicios que exige precios internacionales y que invierte por medio de deuda, no de capital propio. Beneficia a un sistema de transportes corrupto y mafioso, que opera un sistema anárquico que se concentra cada vez más en menos manos. Sostiene un sistema petrolero que se embolsa una renta enorme (la diferencia entre costos internos y precios internacionales especulativos), que remunera a sus accionistas en el extranjero. No se puede impedir el vaciamiento de un país reforzando un sistema social de vaciadores. Las maniobras oficiales en el mercado de cambios han disparado la tasa de interés OFICIAL al 22% (lo que pagó el Banco Central por una licitación de títulos el martes pasado), con un peso-dólar casi fijo -¡la misma que paga Grecia con un euro que también oscila muy poco! El negociado para los especuladores es fabuloso, porque invierten en pesos a esa tasa usuraria y, al mismo tiempo, se protegen de una devaluación con un seguro de cambio por el plazo del depósito. El 'intervencionismo' que planteamos los del PO y del Frente de Izquierda se distingue del intervencionismo K en que es un intervencionismo integral y sistemático, que no apunta al rescate de las privatizadas o del capital en general, sino que coloca en manos del poder público -bajo control de los trabajadores- a los bancos, el comercio exterior y los recursos estratégicos, al servicio de una planificación económica que atienda los intereses populares en su sentido inmediato y estratégico.
Un giro político de fondo
Lo más importante, con todo, es que asistimos a un viraje de fondo de la situación política. El gobierno del 54% de los votos no puede evitar emprender un ataque a los trabajadores -incluso ya ha tomado esa decisión. Esta es la cuestión de fondo de la tentativa de suspender la personería del sindicato de los técnicos aeronáuticos y del retorno de los controladores a la órbita de las fuerzas armadas. Son los métodos de Reagan (1982) y de Rodríguez Zapatero (2010).
El choque entre la camarilla del burócrata Cirielli, por un lado, y la de La Cámpora, por el otro, es secundario. El gobierno viene empeñado en esta línea desde su ataque a los petroleros de Santa Cruz el año pasado, pero lo que hasta ahora fue parcial, ahora se perfila como un ataque sistemático. El éxito del tarifazo y de la devaluación depende de la domesticación de las paritarias y del movimiento obrero.
El Frente de Izquierda y la nueva etapa
Es necesario trasladar a los trabajadores, en especial a los activistas, el reconocimiento del cambio de la situación política y, a partir de esto, promover una intensa deliberación política. La defensa de las paritarias debe ser incondicional, sin topes y respaldada en asambleas, pero debe formar parte de una política de conjunto que oponga a la salida capitalista del gobierno una política anti-capitalista que se radique en las masas. El tarifazo responde a los intereses del capital, no a la 'racionalidad' económica, porque el tarifazo es la condición para recuperar el financiamiento (endeudamiento) internacional. La racionalidad debe ser determinada por medio de un control obrero de la producción, que elimine los múltiples despilfarros de la explotación capitalista. El Frente de Izquierda encara ahora un desafío de mucha mayor envergadura que el que plantearon las elecciones, porque debe ofrecer una orientación política en el marco de una crisis nacional, que sea capaz de potenciar la acción directa de los trabajadores.
Jorge Altamira
Leña al fuego
El 'subsidiazo' tiene lugar cuando la inflación es del 25% anual, con mayor incidencia en los alimentos. Como ilustración, un corte inmediato de los subsidios aparejaría llevar ese porcentaje al 60%. De ahí que se plantee el 'gradualismo'. De conjunto, se trata de una diferencia menor, porque en lugar de un golpe súbito tendríamos una curva creciente de inflación a lo largo de un tiempo políticamente muy largo. Ha sido, precisamente, el temor a esta posibilidad lo que ha retrasado tanto tiempo la eliminación de los subsidios. La beneficiaria de los subsidios ha sido la burguesía industrial, que pagó salarios menores gracias al impacto reducido de las tarifas en la canasta familiar. Después de diez años de 'reconstrucción' nacional y popular, el país no ha superado la 'emergencia' creada como consecuencia del derrumbe de 2001. La crisis de hace una década sigue presente en el sistema económico, como se expresa también en un sistema bancario que es la tercera parte del vigente hasta 2001 y en la ausencia de un flujo de créditos de largo plazo. El Estado se vale del Banco Central y de la Anses para pagar la deuda usuraria ('desendeudamiento'), a pesar de contar con precios de exportación excepcionales. La crisis de financiamiento de la economía kirchnerista ya produjo tres crisis políticas: 1) la del 'campo', por las retenciones; 2) la de las AFJP, con motivo de su estatización; 3) la del uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública y privada. La cuestión de los subsidios estalla ahora, precisamente, cuando todas las fuentes de financiamiento se han agotado: las reservas del Banco Central ya no cubren el dinero en circulación y son negativas cuando se le sustraen las deudas correspondientes. A los 46 mil millones de dólares declarados, es necesario restar los 15 mil millones que corresponden a depósitos privados y los 4 mil millones de préstamos de otros bancos centrales. Los 26 mil millones que quedan como resultado son muy inferiores a la deuda del Banco Central con los bancos locales -por 160 mil millones de pesos (unos 35 mil millones de dólares). Esta crisis de financiamiento ha transformado a la salida de divisas en una 'corrida' contra el peso, o sea una devaluación. Toda la burguesía apoya la misma -tanto la oficialista como la opositora. Pero una devaluación encima de un retiro de subsidios y de una inflación elevada, es un coctel explosivo. Esta emergencia ha unido a unos y otros contra los aumentos salariales y contra los sindicatos.
Sobre Atenas y Buenos Aires
¿No se parece Argentina, entonces, a Italia, Grecia, Portugal o España? ¿No está bailando al ritmo de la bancarrota capitalista? Los europeos piden a gritos un financiamiento sin límites del Banco Central Europeo para lidiar con la bancarrota de sus Estados y sus bancos. Los norteamericanos la reciben de la Reserva Federal. Los K están negociando la obtención de esa financiación con el Club de París -un conjunto de Estados europeos acreedores de Argentina por la deuda estatizada por Cavallo ¡en 1982! La gravedad de la situación está revelada por la imposición de un 'corralito' a la compra de dólares, que está alterando -como en 2001- las importaciones y la compra-venta de inmuebles, o incluso el turismo en el exterior (que para los socios comerciales de Argentina -en especial Uruguay- equivale a una restricción a las importaciones de esos países).
Intervencionismo: capitalista y anti-capitalista
En este cuadro, es claro que las medidas intervencionistas y los 'aprietes' del gobierno en el mercado de cambios son episódicos o temporales; no tienen nada que ver con un cambio de las relaciones sociales que explican esta crisis; están al servicio de la especulación capitalista. El tarifazo apuntala a un sistema privatizado de servicios que exige precios internacionales y que invierte por medio de deuda, no de capital propio. Beneficia a un sistema de transportes corrupto y mafioso, que opera un sistema anárquico que se concentra cada vez más en menos manos. Sostiene un sistema petrolero que se embolsa una renta enorme (la diferencia entre costos internos y precios internacionales especulativos), que remunera a sus accionistas en el extranjero. No se puede impedir el vaciamiento de un país reforzando un sistema social de vaciadores. Las maniobras oficiales en el mercado de cambios han disparado la tasa de interés OFICIAL al 22% (lo que pagó el Banco Central por una licitación de títulos el martes pasado), con un peso-dólar casi fijo -¡la misma que paga Grecia con un euro que también oscila muy poco! El negociado para los especuladores es fabuloso, porque invierten en pesos a esa tasa usuraria y, al mismo tiempo, se protegen de una devaluación con un seguro de cambio por el plazo del depósito. El 'intervencionismo' que planteamos los del PO y del Frente de Izquierda se distingue del intervencionismo K en que es un intervencionismo integral y sistemático, que no apunta al rescate de las privatizadas o del capital en general, sino que coloca en manos del poder público -bajo control de los trabajadores- a los bancos, el comercio exterior y los recursos estratégicos, al servicio de una planificación económica que atienda los intereses populares en su sentido inmediato y estratégico.
Un giro político de fondo
Lo más importante, con todo, es que asistimos a un viraje de fondo de la situación política. El gobierno del 54% de los votos no puede evitar emprender un ataque a los trabajadores -incluso ya ha tomado esa decisión. Esta es la cuestión de fondo de la tentativa de suspender la personería del sindicato de los técnicos aeronáuticos y del retorno de los controladores a la órbita de las fuerzas armadas. Son los métodos de Reagan (1982) y de Rodríguez Zapatero (2010).
El choque entre la camarilla del burócrata Cirielli, por un lado, y la de La Cámpora, por el otro, es secundario. El gobierno viene empeñado en esta línea desde su ataque a los petroleros de Santa Cruz el año pasado, pero lo que hasta ahora fue parcial, ahora se perfila como un ataque sistemático. El éxito del tarifazo y de la devaluación depende de la domesticación de las paritarias y del movimiento obrero.
El Frente de Izquierda y la nueva etapa
Es necesario trasladar a los trabajadores, en especial a los activistas, el reconocimiento del cambio de la situación política y, a partir de esto, promover una intensa deliberación política. La defensa de las paritarias debe ser incondicional, sin topes y respaldada en asambleas, pero debe formar parte de una política de conjunto que oponga a la salida capitalista del gobierno una política anti-capitalista que se radique en las masas. El tarifazo responde a los intereses del capital, no a la 'racionalidad' económica, porque el tarifazo es la condición para recuperar el financiamiento (endeudamiento) internacional. La racionalidad debe ser determinada por medio de un control obrero de la producción, que elimine los múltiples despilfarros de la explotación capitalista. El Frente de Izquierda encara ahora un desafío de mucha mayor envergadura que el que plantearon las elecciones, porque debe ofrecer una orientación política en el marco de una crisis nacional, que sea capaz de potenciar la acción directa de los trabajadores.
Jorge Altamira
jueves 10 de noviembre de 2011
Falleció un histórico dirigente sindical y político de la clase obrera
Néstor Pitrola viajará a la provincia de Córdoba para participar de un acto homenaje
A la edad de 76 años, aquejado por una severa dolencia, ha fallecido el compañero Gregorio Flores.El “Goyo” Flores representa una parte relevante la clase obrera de Córdoba y el país todo. Fue uno de los dirigentes del Sitrac (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord), entre 1970 y 1971, sufriendo un año de encarcelamiento en el penal de Rawson por su actividad sindical antiburocrática y de defensa incondicional de las reivindicaciones proletarias. Desde esta experiencia de lucha llegó a la conclusión medular de que la clase trabajadora debía conquistar su independencia política, construyendo su propio instrumento de poder, un gran partido obrero, en oposición al estado burgués y sus agentes políticos.
Esta conclusión disparó en el “Negro” Flores, como le decían sus compañeros del Sitrac, la férrea convicción de la necesidad de la lucha por la revolución socialista y el gobierno obrero, como única forma de acabar con el régimen social de la explotación del hombre por el hombre, lo que explica que años más tarde, en 1983, haya sido candidato a presidente de la nación por el Partido Obrero.
Aportó su experiencia y la de toda una vanguardia con su libro “Sitrac-Sitram, del Cordobazo al clasismo".Militante hasta el último suspiro, en sus últimos días colaboraba con la secretaria de organización de la regional Córdoba en la distribución de la Prensa Obrera.
El Goyo fue el resumen de una parte de la clase obrera consciente, sin dudas; un hombre íntegro y un auténtico revolucionario. Hoy solo decimos, con nuestro puño levantado y entonando fuerte la Internacional:
¡¡Hasta la Victoria Siempre, compañero Goyo Flores!!!
Gregorio Flores será velado hoy jueves 10 de noviembre, a partir de las 13 hs., en la Provincia de Córdoba, en el local del Partido Obrero de Catamarca 374, Barrio Centro. Sus restos serán trasladados para su cremación el día viernes 11, al cementerio “Los Alamos” camino a Colonia Tirolesa a las 13hs, Provincia de Córdoba. Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero, viajará a la provincia para acompañar a sus familiares y amigos y participar de un acto homenaje.
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