jueves, 1 de agosto de 2013

Una propuesta novedosa para el final de la campaña electoral hacia las PASO

altamira responde

La iniciativa introduce una novedad, en medio de una campaña poblada de lugares comunes y frases vacías que intentan distraer la atención del electorado. A través de este recurso, nos proponemos debatir de un modo directo las inquietudes políticas económicas y sociales de los trabajadores. En sólo cuatro días, han llegado a Altamira más de 1000 preguntas sobre diferentes temas, que han sido agrupadas y respondidas a través de un conjunto de videos. Todo esto puede apreciarse en el sitio: Altamiraresponde.com.ar 

 PARTIDO OBRERO

Al que vota a Cristina, le sale Scioli


 Sergio Massa, Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner.

El 11, vamos con el Frente de Izquierda ¿Y Scioli no es Massa, Macri o Prat Gay? 
 Si Alvaro Alsogaray volviera por un momento a la vida, podría declararse satisfecho. En sus diferentes variantes, los bloques políticos capitalistas que se disputan la sucesión del kirchnerismo han encaramado en sus listas a candidatos paridos por el “neoliberalismo”. Es el caso del ex ucedeísta -y ex kirchnerista Massa, quien dejó las filas del gobierno junto con una parte de los intendentes del conurbano y varios de los capitostes de la Unión Industrial. Pero la herencia “neoliberal” se ha encaramado en el propio gobierno -y no sólo por los ex ucedeístas Insaurralde o Boudou. Ello se manifiesta en el inusitado protagonismo que alcanzó el derechista Scioli en la campaña electoral bonaerense. Durante muchos meses, se especuló con una ruptura definitiva entre los K y el gobernador, así como con una alianza de éste con Massa o De Narváez. Pero si Scioli se quedó, es porque la camarilla oficial lo ha admitido como su heredero político con vistas a 2015. Con permanencia en el campo del gobierno, el camino de la sucesión tiene dos puntas, pero una misma orientación social: al que va con los K, le sale Scioli. Al que vota la “renovación”, le sale otro Scioli. O sea, Massa. Detrás de las agrias peleas de final de campaña entre unos y otros, es probable que la elección 2013 termine ordenando los términos de un pacto con vistas a 2015. Por ejemplo: Scioli, presidente; Massa, gobernador. En esto concluye la experiencia “nacional y popular”. Chevron, Milani No sería posible este derrotero político sin que la propia orientación del gobierno actúe en la misma sintonía. Es el caso del acuerdo con Chevron, el cual repite el libreto de las variantes más entreguistas del pasado en materia petrolera: asociación con monopolios internacionales para servirse de áreas ya exploradas por YPF; libertad para disponer o exportar el petróleo y el gas, e incluso sus divisas. Es un planteo que choca con los actuales controles oficiales (cepo cambiario) y que plantea, por lo tanto, un viraje en el régimen económico vigente. Aunque sus beneficiarios capitalistas lo aplauden, la mayoría de ellos hacen votos para que sea otro elenco político el que lo aplique en 2015. Algo similar sucede con el nombramiento del agente de inteligencia y represor Milani al frente del Ejército. La integración de las Fuerzas Armadas al régimen político -que el kirchnerismo quiere viabilizar a través de un alto mando propio- es un objetivo que acariciaron durante décadas los gobiernos que sucedieron a la dictadura. Ahí tenemos al punto final y la obediencia debida, los indultos y los llamados a la “reconciliación” que, alternativamente, levantaron Duhalde, De la Sota y otros. Como en todos esos casos, el gobierno de los “derechos humanos” quiere tramitar la integración de las Fuerzas Armadas al Estado a cambio de su impunidad y de devolverles un protagonismo político. Para ello, se ha empeñado hasta lo imposible en ocultar los antecedentes represivos de Milani y sigue dispuesto a sostener al represor, aun cuando esos antecedentes han salido a la luz. Entre Chevron y el caso Milani, estas semanas de campaña han dejado al progresismo oficial en ruinas. Se des-Unen El tramo final de las Paso también sacó a la luz las brutales contradicciones del frente “anticorrupción” en la Capital. Nada menos que Carrió salió a atacar a sus contrincantes en la interna -Prat Gay o Terragno- por su falta de disposición o cobardía para denunciar peculados. Naturalmente, olvidó mencionar el compromiso del ex agente del JP Morgan en la mayor corruptela de todas: el pago de la deuda externa. Pero después del 11 de agosto, todos ellos marcharán en una lista común, probablemente encabezada por Carrió. O sea que Carrió ha terminado denunciándose a sí misma y al rejunte que decidió protagonizar junto a Pino Solanas. En definitiva, la embestida de la ex jefa del ARI terminó revelando el fraude monumental de la interna del Unen, con sus diferentes vertientes y candidatos amalgamados por el oportunismo. Quién paga la crisis La campaña que culmina ha exhibido la acentuada disgregación de los bloques y partidos del régimen, la que apenas es disimulada por el sistema de internas abiertas. La década kirchnerista ha dejado a estos partidos en el punto donde se encontraban en la crisis de 2001. Ello por incapacidad de todos ellos para imprimirle una orientación social diferente a la salida de aquella bancarrota. Por el contrario, se empeñaron a fondo en rescatar a sus responsables capitalistas. Como consecuencia de ello, asistimos a una nueva crisis de fondo. Sus síntomas son claros y están golpeando con fuerza a la población trabajadora: inflación galopante, confiscaciones impositivas al salario; miseria jubilatoria, derrumbe ferroviario y energético. La crisis en marcha no es, por lo tanto, resultado de una mala gestión, sino de una orientación social definida. En estas condiciones, el ingreso de la izquierda al Congreso reviste un significado claro. La próxima etapa política pondrá sobre la mesa la cuestión crucial de quién pagará la crisis: si los trabajadores, con el programa que propugnan oficialistas y opositores tradicionales; o los capitalistas, a partir de una reorganización social de fondo. La conquista de diputados de izquierda implica llevar esta disyuntiva a la tribuna privilegiada del Congreso, para hacer de ella un factor de conquista política y organización de los explotados en torno de una alternativa propia. En el tramo final de la campaña, palpitamos un ascenso de las listas y candidaturas del Frente de Izquierda en los principales distritos. En el Partido Obrero, lo apreciamos en la acogida excepcional que recibimos en las recorridas, actos y mesas callejeras que hemos multiplicado en los últimos días. Nuestra campaña se ha caracterizado por explicitar una agenda y un programa de salida a la crisis, partiendo del interés y las reivindicaciones más apremiantes de los trabajadores. Ello se contrapuso francamente con la vacuidad de las campañas de los bloques capitalistas, dirigidas a ocultar sus propósitos ajustadores. Hacemos un llamado particular al electorado que apoyó al kirchnerismo o al centroizquierdismo en los turnos electorales pasados: quien apoye a los candidatos oficiales, tendrá a un Scioli en el futuro cercano. Del otro lado, la supuesta “renovación” oficial sólo alberga a otros “Scioli”, como Massa. Detrás de los centroizquierdistas “anticorrupción”, asoman otros agentes directos del capital financiero. Para que los trabajadores tengan voz propia en la presente crisis nacional, necesitamos a la izquierda en el Congreso. Refrendemos este objetivo con una sólida votación al Frente de Izquierda en agosto, en todos los distritos del país.

En fila, para lograr más que Chevron

Miguel Galuccio, el CEO de YPF, y Ali Moshiri, de Chevron.
Shell, Exxon, Dow, Bulgheroni, Eurnekian y Total habrían iniciado conversaciones con el gobierno para lograr suscribir acuerdos similares al que logró Chevron. Según Clarín, aparte de exigir “igual trato”, los pulpos petroleros estarían aprovechándose del fracaso del ingreso de capitales en función de la ley de blanqueo poniendo este acuerdo como condición para ingresar capitales” (26/7). Estaría próximo un nuevo acuerdo con Exxon Mobil, la mayor petrolera privada del planeta, y con la también norteamericana Dow, interesada en elevar la producción no convencional de gas para su planta del Polo Petroquímico de Bahía Blanca (El Cronista, 21/7). Por otra parte y según se ha informado en estos días, Chevron también logró que los beneficios del acuerdo con YPF fueran extendidos a todas las concesiones y subsidiarias en las que posee participación, lo que incluye el yacimiento de petróleo El Trapial-Curamched, el mayor del país (85% en su poder), también en la cuenca neuquina. Sólo un piso… Sin embargo, el decreto que estableció el acuerdo con Chevron debería ser considerado sólo un “piso” en materia de entreguismo. La política del capital es plantar el pie en Vaca Muerta en las mejores condiciones posibles e ir a fondo en el cambio de frente que la burguesía reclama. En palabras de un empresario: “Es barato, es para entrar y esperar que las condiciones del país mejoren” porque, finalmente, “en ningún lugar del mundo (se) podrían hacer acuerdos como los de aquí, con desembolsos de 1.000 millón de dólares o poco más” (Clarín, 16/7). Las petroleras tendrán libertad para exportar el 20% de su producción, ¿y el 80 restante? Chevron y el resto esperan que se consume una devaluación y un “sinceramiento” de tarifas. En esa línea, el gobierno comenzará a pagar 7,50 dólares por millón de BTU -tres veces el precio promedio actual- a las petroleras que eviten la declinación de la producción. El “sinceramiento” ya comenzó.

Christian Rath

Correa, Macri y la “libertad de prensa”

219120
Jorge Lanata ha denunciado con pelos y señales la política de cercenamiento a la libertad de prensa impuesta por el presidente Correa en Ecuador. Su Ley Orgánica de Comunicación es un verdadero cepo impuesto por el poder para prohibir toda manifestación opositora. Llega al detalle, por ejemplo, de determinar qué títulos de la prensa escrita son admisibles y cuáles no. Crea, además, el delito de “linchamiento mediático”, el mismo subterfugio al que aludió Cristina Kirchner en cadena nacional para responder a las acusaciones contra César Milani por su complicidad con el terrorismo de Estado. El principio rector de la ley de Correa es que el contenido que elaboren y distribuyan los medios debe “respetar los presupuestos constitucionales”. Se trata, palabras más o palabras menos, del mismo principio que Macri ha establecido con su ley votada en la Legislatura sobre “libertad de prensa” y que tuvo el concurso de toda la oposición, especialmente la del sector de Pino Solanas y Carrió. Allí se puede leer que los contenidos deben respetar los principios constitucionales, y en su artículo octavo judicializa lo que entiende como difusión del “odio” -sea “ideológico”, “político” o “social”, todas fórmulas genéricas para justificar la judicialización de la información periodística. Este principio común entre las leyes de Correa y de Macri fue pasado por alto por Jorge Lanata, quien critica la legislación impuesta por el ecuatoriano, después de haber apoyado la iniciativa macrista en la Legislatura. Dejando a Lanata de lado, quedan sobre la mesa las coincidencias estratégicas entre Correa y Macri. De esto surge que la libertad de prensa es una bandera de lucha que debe llevarse delante como parte de una estrategia independiente de los trabajadores.

viernes, 26 de julio de 2013

Milani: la “integración” del Ejército a cambio de impunidad


 El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales milani cristina






El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales
A esta altura, es claro que la crisis política producida con la designación de César Milani como jefe del Ejército no puede atribuirse exclusivamente al pasado oscuro de quien fuera, durante décadas, un cuadro del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esas acusaciones ya habían sido formuladas desde hace años -entre ellas, su participación en el Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes de Bussi y su integración al nefasto Batallón 601 de Suárez Mason. Pero, a pesar de ellas, César Milani había logrado obtener la votación favorable del Senado para sus sucesivos ascensos. Es cierto que el último de ellos, en 2010, fue gracias a un ajustado quórum facilitado por Menem, el autor del indulto, que generó un escándalo. Pero esto no le movió un pelo al Cels de Verbitsky, que en aquella oportunidad desacreditó las acusaciones contra Milani.
Era natural que, con estos antecedentes, el oficialismo considerara que el nombramiento de Milani no iba a generar mayores debates. Hasta el domingo pasado, el apoyo de Verbitsky y el Cels se mantenía incólume, como así también el de los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo. Fue necesario que el escándalo tome proporciones para que el Cels pegara un viraje y aconsejara que el pliego del ascenso de Milani sea rechazado. Ya totalmente a la defensiva, Verbitsky buscó encubrir su derrota política y la del propio gobierno argumentando la aparición de nuevas pruebas -cuando, en realidad, la mayoría de ellas eran conocidas desde hace tiempo. Ya contra las cuerdas, el gobierno decidió mandar al freezer el pliego del ascenso de Milani. En cambio, pese a las denuncias en su contra, lo confirmó como jefe del Ejército.
Quiebra del Estado
¿Por qué el mismo Senado que aprobó el ascenso de Milani en 2010 no pudo hacerlo en 2013? La respuesta debe encontrarse en el retroceso del propio kirchnerismo. Cristina Kirchner decidió encumbrar en la máxima jerarquía del Ejército al capo de la inteligencia militar con un propósito definido: armar un servicio de inteligencia paralelo a la ex Side (hoy SI), destinando para ello un fabuloso presupuesto. Motivó esta jugada la creencia de Cristina de que una parte considerable de los espías de la Side trabajan abiertamente para Massa y alimentan, además, las denuncias de corrupción formuladas por la oposición. La propia Carrió, que lleva la delantera en el trabajo de denunciante, afirmó que un sector de la Side se pasó a la oposición como consecuencia de su rechazo al memorando con Irán sobre el atentado de la Amia. O sea que no sólo se bajaron del barco oficial el intendente de Tigre y varios de sus pares del conurbano, más el ex capo de la UIA De Mendiguren y media CGT-Balcarce. También lo hizo un sector fundamental de los servicios de inteligencia. Pero en este caso, el pasaje al post kirchnerismo equivale a una quiebra del aparato del Estado.
Las Fuerzas Armadas
y el régimen político
La propagación de la crisis política al interior de los aparatos de seguridad fue confirmada por el propio César Milani, cuando en su discurso de asunción dijo que su objetivo era que el Ejército sea parte del proyecto “nacional” del kirchnerismo (en un reportaje a Página/12, le agregó el mote de “popular”). De este modo, asistimos a dos movimientos simétricos: por un lado, el pasaje a la oposición de un sector de los aparatos de seguridad y, en respuesta a ello, la pretensión del kirchnerismo de convertir al Ejército en un instrumento del gobierno y no del Estado. Se trata de dos variantes igualmente reaccionarias. Del lado del oficialismo, la consumación de su objetivo conduce a devolverle al Ejército y a las Fuerzas Armadas el protagonismo político que tuvieron desde el golpe del ’30 en adelante, el cual perdieron como resultado de los crímenes de la dictadura y la derrota de Malvinas en 1982. En los planes oficiales figura, incluso, darle al Ejército un papel central en la “asistencia social”, lo que equivale a establecer una contención social a través de las Fuerzas Armadas cuando crecen la pobreza y la desocupación. También se conocieron planes para llevar al Ejército a ocupar posiciones en las fronteras, tarea que está cargo de la misma Gendarmería que tiene a sus efectivos cumpliendo tareas represivas y de espionaje (Proyecto X) en los centros urbanos.
Cristina Kirchner confirmó plenamente esta caracterización por cadena nacional, cuando -para confirmar a Milani en su puesto -dijo que había que evitar la división de la “sociedad con las Fuerzas Armadas” y afirmó que ese es el objetivo que persiguen “los enemigos de la patria”. En el plan de Cristina está, seguramente, que el Ejército vuelva a desfilar por las calles, como ocurría en la época de Perón. Pero oculta que este protagonismo militar derivó en sucesivos golpes de Estado que instauraron gobiernos pro-imperialistas y antiobreros. El nacionalismo de contenido burgués, incluidas sus alas de izquierda, vio siempre al Ejército como un eje de su política, mientras simultáneamente buscaba regimentar a la clase obrera por medio del copamiento de los sindicatos por parte de una burocracia afín.
La crisis con Milani también ha sacado a relucir que el gobierno que se precia de ser el defensor de los derechos humanos ha sido el salvoconducto para proteger a los cuadros que actuaron como ejecutores del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Luego de una década K, los genocidas con sentencia firme no superan los 200. Milani, por lo tanto, no es una excepción sino la regla. La propia actitud del Cels, que ha cambiado de parecer bajo la presión de una denuncia que se extendió a pesar suyo, colocó en cuestión todo el régimen de ascensos militares llevado adelante bajo el kirchnerismo. En efecto: ¿cuántos Milani han sido ascendidos sin que el Cels abriera la boca?
Como suele ocurrir en estos casos, el papel más miserable queda reservado para los progresistas que militan en el campo oficial. Los intelectuales de Carta Abierta dieron su apoyo a Milani horas antes de que el Cels cambiara de posición. Al no ser advertidos, perdieron la oportunidad de callarse la boca. Otro tanto vale para Daniel Filmus, quien, en vez de rechazar el pliego de Milani, decidió renunciar a la Comisión que debía tratarlo, eludiendo su responsabilidad. Con esta actitud, Filmus quedó invalidado como candidato y el gobierno, a la vez, quedó desairado por quien debe representarlo en las elecciones. Como se ve, una crisis completa.
De nuestra parte, exigimos la separación de Milani de su cargo y que sea juzgado por los crímenes que se le imputan. Del mismo modo, planteamos la apertura de los archivos de la dictadura para poder separar de las fuerzas de seguridad a todos aquellos que fueron parte del terrorismo de Estado. Se trata de una tarea que, por su alcance estratégico, supera a los centroizquierdistas de toda laya y reclama un protagonismo político de la izquierda revolucionaria.

El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales

miércoles, 24 de julio de 2013

El retorno a los noventa

tapa 
El gobierno kirchnerista acaba de firmar un acuerdo de explotación petrolera con la multinacional Chevron.


El pacto les asegura a los pulpos la libertad de exportar una parte del gas extraído, así como la de dejar sus divisas afuera.


Gracias a este acuerdo, los precios del
petróleo, el gas y las naftas se arrimarán a los internacionales. O sea
que tendremos nuevos


tarifazos en los combustibles.


A los aumentos que ya se produjeron en las naftas -de casi el 40% en el último año- sobrevendrán otros.


Estamos ante el retorno a la política petrolera del menemismo.


Durante toda esta década, el
kirchnerismo permitió que los privatizadores que puso Menem vaciaran el
patrimonio petrolero, comenzando por la propia YPF.


A la depredación que ejecutaban Repsol y otros pulpos internacionales, se sumaron los empresarios K.


La intervención a YPF no ha significado el fin del saqueo, sino una reprivatización.

Salió Repsol, entró Chevron.


Los Kirchner, que avalaron la privatización de YPF en los ’90, vuelven a las fuentes.


Para completar el retorno a los noventa, han nombrado a un general del Proceso al frente del Ejército y del espionaje oficial.


¿Qué critican los opositores, desde el Unen a Massa?


Quieren que el acuerdo con Chevron se extienda a toda la industria petrolera.


Sencillamente, piden que el “noventismo” sea consagrado por ley y en forma definitiva.


En su desbarranque, el “modelo” oficial está cada vez más cerca de lo que reclaman sus reaccionarios opositores.


La lucha por la nacionalización integral
 de la industria petrolera, bajo dirección y gestión de sus
trabajadores, es otra poderosa razón para que votemos al Frente de
Izquierda en todo el país.





El gobierno kirchnerista acaba de firmar un acuerdo de explotación petrolera con la multinacional Chevron.
El pacto les asegura a los pulpos la libertad de exportar una parte del gas extraído, así como la de dejar sus divisas afuera.
Gracias a este acuerdo, los precios del petróleo, el gas y las naftas se arrimarán a los internacionales. O sea que tendremos nuevos
tarifazos en los combustibles.
A los aumentos que ya se produjeron en las naftas -de casi el 40% en el último año- sobrevendrán otros.
Estamos ante el retorno a la política petrolera del menemismo.
Durante toda esta década, el kirchnerismo permitió que los privatizadores que puso Menem vaciaran el patrimonio petrolero, comenzando por la propia YPF.
A la depredación que ejecutaban Repsol y otros pulpos internacionales, se sumaron los empresarios K.
La intervención a YPF no ha significado el fin del saqueo, sino una reprivatización.
Salió Repsol, entró Chevron.
Los Kirchner, que avalaron la privatización de YPF en los ’90, vuelven a las fuentes.
Para completar el retorno a los noventa, han nombrado a un general del Proceso al frente del Ejército y del espionaje oficial.
¿Qué critican los opositores, desde el Unen a Massa?
Quieren que el acuerdo con Chevron se extienda a toda la industria petrolera.
Sencillamente, piden que el “noventismo” sea consagrado por ley y en forma definitiva.
En su desbarranque, el “modelo” oficial está cada vez más cerca de lo que reclaman sus reaccionarios opositores.
La lucha por la nacionalización integral de la industria petrolera, bajo dirección y gestión de sus trabajadores, es otra poderosa razón para que votemos al Frente de Izquierda en todo el país.
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