El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales
El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales
A esta altura, es claro que la crisis política producida con la
designación de César Milani como jefe del Ejército no puede atribuirse
exclusivamente al pasado oscuro de quien fuera, durante décadas, un
cuadro del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esas
acusaciones ya habían sido formuladas desde hace años -entre ellas, su
participación en el Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes
de Bussi y su integración al nefasto Batallón 601 de Suárez Mason. Pero,
a pesar de ellas, César Milani había logrado obtener la votación
favorable del Senado para sus sucesivos ascensos. Es cierto que el
último de ellos, en 2010, fue gracias a un ajustado quórum facilitado
por Menem, el autor del indulto, que generó un escándalo. Pero esto no
le movió un pelo al Cels de Verbitsky, que en aquella oportunidad
desacreditó las acusaciones contra Milani.
Era natural que, con
estos antecedentes, el oficialismo considerara que el nombramiento de
Milani no iba a generar mayores debates. Hasta el domingo pasado, el
apoyo de Verbitsky y el Cels se mantenía incólume, como así también el
de los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo. Fue
necesario que el escándalo tome proporciones para que el Cels pegara un
viraje y aconsejara que el pliego del ascenso de Milani sea rechazado.
Ya totalmente a la defensiva, Verbitsky buscó encubrir su derrota
política y la del propio gobierno argumentando la aparición de nuevas
pruebas -cuando, en realidad, la mayoría de ellas eran conocidas desde
hace tiempo. Ya contra las cuerdas, el gobierno decidió mandar al
freezer el pliego del ascenso de Milani. En cambio, pese a las denuncias
en su contra, lo confirmó como jefe del Ejército.
Quiebra del Estado
¿Por qué el mismo Senado que aprobó el
ascenso de Milani en 2010 no pudo hacerlo en 2013? La respuesta debe
encontrarse en el retroceso del propio kirchnerismo. Cristina Kirchner
decidió encumbrar en la máxima jerarquía del Ejército al capo de la
inteligencia militar con un propósito definido: armar un servicio de
inteligencia paralelo a la ex Side (hoy SI), destinando para ello un
fabuloso presupuesto. Motivó esta jugada la creencia de Cristina de que
una parte considerable de los espías de la Side trabajan abiertamente
para Massa y alimentan, además, las denuncias de corrupción formuladas
por la oposición. La propia Carrió, que lleva la delantera en el trabajo
de denunciante, afirmó que un sector de la Side se pasó a la oposición
como consecuencia de su rechazo al memorando con Irán sobre el atentado
de la Amia. O sea que no sólo se bajaron del barco oficial el intendente
de Tigre y varios de sus pares del conurbano, más el ex capo de la UIA
De Mendiguren y media CGT-Balcarce. También lo hizo un sector
fundamental de los servicios de inteligencia. Pero en este caso, el
pasaje al post kirchnerismo equivale a una quiebra del aparato del
Estado.
Las Fuerzas Armadas
y el régimen político
y el régimen político
La propagación de la crisis política al
interior de los aparatos de seguridad fue confirmada por el propio César
Milani, cuando en su discurso de asunción dijo que su objetivo era que
el Ejército sea parte del proyecto “nacional” del kirchnerismo (en un
reportaje a Página/12, le agregó el mote de “popular”). De este modo,
asistimos a dos movimientos simétricos: por un lado, el pasaje a la
oposición de un sector de los aparatos de seguridad y, en respuesta a
ello, la pretensión del kirchnerismo de convertir al Ejército en un
instrumento del gobierno y no del Estado. Se trata de dos variantes
igualmente reaccionarias. Del lado del oficialismo, la consumación de su
objetivo conduce a devolverle al Ejército y a las Fuerzas Armadas el
protagonismo político que tuvieron desde el golpe del ’30 en adelante,
el cual perdieron como resultado de los crímenes de la dictadura y la
derrota de Malvinas en 1982. En los planes oficiales figura, incluso,
darle al Ejército un papel central en la “asistencia social”, lo que
equivale a establecer una contención social a través de las Fuerzas
Armadas cuando crecen la pobreza y la desocupación. También se
conocieron planes para llevar al Ejército a ocupar posiciones en las
fronteras, tarea que está cargo de la misma Gendarmería que tiene a sus
efectivos cumpliendo tareas represivas y de espionaje (Proyecto X) en
los centros urbanos.
Cristina Kirchner confirmó plenamente
esta caracterización por cadena nacional, cuando -para confirmar a
Milani en su puesto -dijo que había que evitar la división de la
“sociedad con las Fuerzas Armadas” y afirmó que ese es el objetivo que
persiguen “los enemigos de la patria”. En el plan de Cristina está,
seguramente, que el Ejército vuelva a desfilar por las calles, como
ocurría en la época de Perón. Pero oculta que este protagonismo militar
derivó en sucesivos golpes de Estado que instauraron gobiernos
pro-imperialistas y antiobreros. El nacionalismo de contenido burgués,
incluidas sus alas de izquierda, vio siempre al Ejército como un eje de
su política, mientras simultáneamente buscaba regimentar a la clase
obrera por medio del copamiento de los sindicatos por parte de una
burocracia afín.
La crisis con Milani también ha sacado a
relucir que el gobierno que se precia de ser el defensor de los
derechos humanos ha sido el salvoconducto para proteger a los cuadros
que actuaron como ejecutores del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
Luego de una década K, los genocidas con sentencia firme no superan los
200. Milani, por lo tanto, no es una excepción sino la regla. La propia
actitud del Cels, que ha cambiado de parecer bajo la presión de una
denuncia que se extendió a pesar suyo, colocó en cuestión todo el
régimen de ascensos militares llevado adelante bajo el kirchnerismo. En
efecto: ¿cuántos Milani han sido ascendidos sin que el Cels abriera la
boca?
Como suele ocurrir en estos casos, el
papel más miserable queda reservado para los progresistas que militan en
el campo oficial. Los intelectuales de Carta Abierta dieron su apoyo a
Milani horas antes de que el Cels cambiara de posición. Al no ser
advertidos, perdieron la oportunidad de callarse la boca. Otro tanto
vale para Daniel Filmus, quien, en vez de rechazar el pliego de Milani,
decidió renunciar a la Comisión que debía tratarlo, eludiendo su
responsabilidad. Con esta actitud, Filmus quedó invalidado como
candidato y el gobierno, a la vez, quedó desairado por quien debe
representarlo en las elecciones. Como se ve, una crisis completa.
De nuestra parte, exigimos la separación
de Milani de su cargo y que sea juzgado por los crímenes que se le
imputan. Del mismo modo, planteamos la apertura de los archivos de la
dictadura para poder separar de las fuerzas de seguridad a todos
aquellos que fueron parte del terrorismo de Estado. Se trata de una
tarea que, por su alcance estratégico, supera a los centroizquierdistas
de toda laya y reclama un protagonismo político de la izquierda
revolucionaria.
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