Perpetua

¿Hacía falta algo más para probar que el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra fue la consecuencia de un “plan criminal”, cuyo objeto fue defender el negocio de la explotación de los trabajadores tercerizados del ferrocarril y el desvío de los subsidios que otorga el gobierno nacional a los concesionarios?

El audio de las conversaciones del ministro Carlos Tomada con el burócrata sindical José Pedraza constituye la prueba final de la complicidad criminal en todos los niveles.

“La mejor defensa es un buen ataque”, le recuerda Tomada a Pedraza. Precisamente, lo que éste hizo el 20 de octubre de 2010 para proteger sus intereses empresarios en el ferrocarril y el control que ha ejercido, por décadas, en la Unión Ferroviaria.
“Tengo todo controlado”, le informa Pedraza a Tomada, para prevenirlo contra cualquier concesión a los trabajadores tercerizados por parte del Ministerio de Trabajo.

“Hay que hacerles la cabeza”, insiste Tomada ante Pedraza, para asegurarle que los tercerizados podrían ser cooptados o domesticados por medio de la prebenda y la corrupción.

Esta conversación, en su forma escrita, se conoce desde hace casi dos años. Sin embargo, la Presidenta ha mantenido en su cargo a Tomada, precisamente para que siga operando contra los trabajadores a través de su entrelazamiento con la burocracia sindical.

¿Cómo ha podido el gobierno mantener la indiferencia con un compadre de la burocracia sindical comprometida en el asesinato de un joven trabajador militante, que -según dijo en su momento- había “rozado el corazón de Néstor Kirchner?

Este entrelazamiento del gabinete con el negociado ferroviario se puso de manifiesto en forma definitiva en ocasión de la tragedia de Once, la cual ha llevado al banquillo de los acusados al secretario de Transporte, Schiavi, y al ex subsecretario, Luna.

En el juicio oral y público hay otro protagonista relevante del “plan criminal”: la Policía Federal, cuyo jefe político, en 2010, era Aníbal Fernández.

Casi medio gabinete involucrado con los hechos o con los responsables del asesinato de nuestro compañero.

Junto a la responsabilidad de los concesionarios, quienes dieron franco a la patota, ¿no constituyen una asociación ilícita?

El próximo 19 de abril, el Tribunal debe dictar sentencia. Lo hará en medio de una crisis política mayúscula, que tiene como uno de los protagonistas, precisamente, al Poder Judicial.

El reclamo de una condena a perpetua -efectuado por las querellas, para todos los involucrados en este “plan criminal” de defensa de los intereses de los empresarios, los burócratas y los funcionarios- no tiene entonces nada de arbitrario y está lejos de un concepto de venganza.

Es la exigencia de que se deje en claro ante los trabajadores y el pueblo la necesidad de desmantelar un régimen social y político que no escatima en segar la vida humana, la vida de la juventud.

Vamos por la perpetua a Pedraza y a todos los responsables de haber ejecutado un plan criminal contra los trabajadores tercerizados.
El 19 de abril vamos, con estas banderas, a Comodoro Py.