Después de las inundaciones: una crisis política de conjunto

Todos los analistas políticos se preguntan si el desastre de las inundaciones ha significado un punto de inflexión en el destino del gobierno. Por caso, habría precipitado la liquidación de la candidatura de Alicia Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Los K no se dan por enterados del aviso e incluso redoblan la apuesta, acelerando los pasos para reformar el Poder Judicial. Bien mirado, el derrumbe del oficialismo se encuentra disimulado por un fenómeno que podríamos llamar óptico: la catástrofe de las inundaciones les ha cortado las alas también a varios ‘opositores’ de adentro y de afuera del gobierno -Scioli, Macri, Bruera, Massa. Asistimos a un derrumbe del conjunto del régimen político, no solamente a la declinación irrevocable del gobierno.
El gobierno ha reaccionado con mayor velocidad que la ‘opo’, al lanzar la reforma judicial y procurar cambiar el eje de la atención popular. No ha logrado disipar, sin embargo, la furia del pueblo, el cual se moviliza en forma incesante, porque ahora queda expuesto, en toda su dimensión, el alcance de la catástrofe social. La contrafigura de la debacle del conjunto del sistema político es la reaparición del slogan “que se vayan todos”. Las asambleas populares han resurgido en La Plata y en la zona norte de la Capital, el corazón electoral de Mauricio Macri. La fractura con el Poder Judicial es un índice incuestionable del empantanamiento que atraviesa la organización del Estado.
La otra reacción del oficialismo ha sido añadir al congelamiento de precios de los alimentos, que funciona de modo precario, el del precio del petróleo. Se trata de una improvisación mayúscula, porque es claro que la medida ahuyenta a los inversores extranjeros que el gobierno intentaba asociar a YPF. Este congelamiento anuncia, sin mayores ceremonias, el fin de las paritarias. El impuesto al salario sigue además en pie, dispuesto a provocar una rebelión obrera en cualquier momento.
Reforma judicial
El gobierno ha largado una pretendida “democratización de la justicia”, con el propósito ostensible de ‘blindar’ al Estado, por un lado, contra los jubilados y otros afectados, y, por el otro, al propio oficialismo con una Justicia adicta. Sin embargo, es antes que nada un gran globo de ensayo para ser agitado en la campaña electoral, pero inviable a corto plazo. No hay que olvidar que el gobierno que acusa a la Justicia de impedir su trabajo, ha ratificado su adhesión a la Justicia de Nueva York, la cual ha dilatado por unas semanas un fallo adverso a las pretensiones de Argentina, porque en el corto plazo vencen una cantidad de títulos públicos que los acreedores quieren cobrar en efectivo.
La iniciativa estratégica
La burguesía, no solamente en Argentina, sigue manifestando capacidad para imponer sus planes contra los trabajadores, pero lo hace sin ninguna perspectiva de salida a la crisis mundial. No tiene, de ningún modo, la iniciativa estratégica. Las masas golpeadas, por el contrario, comienzan a radicalizar su comprensión de la situación política. En España, por ejemplo, la lucha contra los desalojos ha llevado a varios gobiernos locales (sometidos a la presión popular) a demandar que se les expropie a los bancos las viviendas hipotecadas, para cederlas a sus habitantes. En estas condiciones, la izquierda revolucionaria está llamada a capitalizar la nueva crisis de régimen en que ha entrado en el país -una crisis política conjunta de oficialistas y ‘opositores’. Con una condición: que se lance con todo ímpetu, mediante la agitación, a impulsar las reivindicaciones de los trabajadores y a multiplicar las denuncias y planteos políticos.
Con esta perspectiva llamamos a desarrollar una agitación intensa por la condena a perpetua de la camarilla sindical y la policía, responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, con vistas al fallo judicial, el cual deberá producirse el viernes 19 de abril.

Marcelo Ramal