martes, 15 de diciembre de 2009

CASO POMAR: UNA CRISIS POLÍTICA

La provincia es una zona liberada

El ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, se apuró a encubrir a su policía apenas aparecieron los cuatro cadáveres de la familia Pomar después de 24 días: los rastrillajes fueron “un éxito”, dijo con todo desparpajo. Al día siguiente, caía toda la cúpula de Bonaerense en medio de una crisis política profunda, y la continuidad del ministro quedaba prendida de alfileres.

El jefe de policía, Carlos Paggi, y el subsecretario de Investigaciones, Paul Starc, anunciaron en conferencia de prensa el desplazamiento del titular de la Departamental de Pergamino y del jefe de la DDI de la zona. Sin embargo, casi enseguida, Starc debió anunciar también que, por pedido de Daniel Scioli, Stornelli les había pedido la renuncia a los quince superintendentes de la Bonaerense, lo cual forzaba a Paggi a irse también él.

Apenas Stornelli habló de “éxito”, lo cual constituía casi una provocación, Starc le dijo a Radio 10 que “en algún lado hemos fallado”. Una obviedad, sólo que no habían fallado “en algún lado” sino en todos. Starc añadió entonces: “Estamos evaluando e investigando qué sucedió, quiénes son los responsables de haber hecho los rastrillajes en esa zona”, con lo cual manifestaba el propósito de hacer rodar la cabeza de algún comisario pueblerino para salvar la ropa.

De inmediato se advirtió que la maniobra gubernamental fracasaría: el escándalo se había tornado imparable.

Ahora, de paso, Scioli y su ministro de Seguridad intentarán, con el descabezamiento policial, descomprimir en parte la movilización popular por la inseguridad en el conurbano, que a pesar de los esfuerzos de la derecha se dirige en casi todos los casos hacia las puertas de las comisarías.

El auto de la familia Pomar, ruedas arriba, se ve desde el aire a pocos metros de la ruta 31, a la altura de Gahan, cerca de Pergamino y a siete kilómetros de Salto. Además, si se trató de un despiste, tuvieron que quedar marcas en el asfalto. No las vieron porque no rastrillaron ese lugar, a pesar de que el paraje es conocido por su peligrosidad: “¿Cómo no buscaron en esta zona, que es la más peligrosa de toda la ruta?”, se preguntó un bombero (La Nación, 9/12).

El Ministerio de Seguridad mintió hasta el absurdo. Dijo que los cadáveres y el auto aparecieron porque la policía decidió rastrillar “nuevamente” la zona, cuando no la habían rastrillado nunca. Además, los cadáveres fueron descubiertos por un trabajador rural que observó el vuelo de aves de rapiña en el lugar del desastre. La inutilidad y la falta de profesionalismo de esa policía sólo son comparables con su descomposición y corrupción.

En la volteada cae también el gobierno municipal de Salto, a cargo de Oscar Bresca, quien durante su campaña electoral llenó las paredes del distrito con afiches que prometían repavimentar la ruta 31, y sólo ahora dice que las obras empezarán en febrero.

Además, el ministerio ni siquiera le avisó a la familia de las víctimas, que se enteró de la tragedia por los noticieros de la televisión. Si no hay otras cosas, si no están encubriendo algo peor, el gobierno de la “mano dura” y su policía son incompetentes y mentirosos, además de descompuestos y cómplices de delincuentes.

Con esta gente no puede haber seguridad, sólo crimen y corrupción.

Alejandro Guerrero

No hay comentarios: