La huelga docente, en el centro de la crisis política

En las vísperas de pascuas, el gobierno muestra con qué orientación social piensa enfrentar el desbarajuste del ‘modelo’. Por un lado, resolvió un gigantesco jubileo impositivo en favor de los capitalistas. Espera aliviar de ese modo la quiebra del Tesoro, que es el resultado de una década de rescate a los mismos que acaba de indultar. La contracara es el empeño en sostener paritarias con aumentos que no superen el 15-17% en términos anuales, mientras se refuerza la carga del impuesto al salario. En este cuadro, los docentes de Buenos Aires han anunciado la continuidad de su lucha, con una huelga de 72 horas para después de los feriados.
Los voceros de Scioli le atribuyen una intención destituyente a esta lucha, en la que el kirchnerismo operaría a través de la dirección de Suteba. Pero los ministros nacionales Sileoni y Tomada salieron a atacar la huelga, y otros gremios kirchneristas – UPCN- ya cerraron sus paritarias en el distrito. Hace varias semanas que el principal imputado por esta conspiración, Roberto Baradel, intenta desactivar el conflicto, pero choca con la presión de las asambleas docentes en general y de su propia base en particular. El telón de fondo de la huelga es una crisis social que se proyecta más allá de las escuelas.
La carga del impuesto al salario se impone sobre cerca de la mitad de los maestros del distrito, en ese cuadro y la perspectiva de una paritaria a la baja resulta intolerable. Pero además, los edificios y comedores escolares están en ruinas. Lo mismo ocurre con los hospitales, que también han salido a la lucha.
El kirchnerismo podrá chicanear a Scioli, pero no quiere una victoria obrera en el principal distrito del país, cuando aún están en discusión las principales paritarias. Los K le han endosado a Scioli el trabajo sucio de enfrentar a los docentes y afrontar la quiebra de la provincia, con un ajuste de características brutales. Está en marcha un recorte general de gastos en la administración provincial, con su secuela de trabajadores despedidos y tercerizados. Más grave aún es la situación en los hospitales, donde faltan insumos esenciales. Como ocurre a escala nacional, los K tercerizan el ajuste. Scioli reclama a los K la aprobación de un préstamo externo para pagar los aumentos, algo que el gobierno nacional le viene retaceando. Pero incluso si llegaran, esos fondos sólo alcanzarán a pagar el aumento que los docentes rechazaron; tampoco implican una marcha atrás en los otros recortes. Scioli y los K podrán pelear por los recursos, pero comparten la necesidad de avanzar contra los trabajadores. Las asambleas docentes en Suteba y FEB han rechazado el 22% en cuotas ofrecido por el gobierno de Scioli. ¡Pero ese porcentual es el mismo que fijaron los K para la paritaria docente nacional! Por lo tanto, la continuidad de la huelga bonaerense desafía al techo salarial impuesto por los K a los docentes, que es también una referencia para el conjunto de las paritarias.
Las “internas” y su telón de fondo
Los mentideros políticos atribuyen la crisis provincial y la propia huelga a la interna entre el cristinismo y Scioli, en torno de la sucesión política del kirchnerismo. Las cosas sin embargo, se enlazan al revés: la fractura del oficialismo es el resultado del desbarajuste del ‘modelo’, que ha conducido al pasaje de toda una fracción de los capitalistas a la exigencia de una devaluación y un ajustazo. En torno de ese programa, el pejota ha comenzado a reagrupar un eje opositor, que junta a De la Sota y Lavagna con Moyano, y espera sumar pronto a Macri y De Narváez. Lavagna y Michetti (la confidente de Bergoglio) podrían encabezar una lista de senadores en la Ciudad. Los vasos comunicantes de Scioli con todos ellos son muy claros.
El acuerdo de Cristina con el clero alcanzará para que un viaje papal a la Argentina quede para después de las elecciones. Pero no va a impedir que los fragotes del Vaticano operen en favor de una reconstitución del pejota, como sucesión de los K. El cristinismo, como se ve, tiene motivos para arremeter contra Scioli. Pero nunca lo hará a manos de los docentes y sus reclamos: en cambio, Randazzo y De Vido le han reclamado al gobernador que “ordene la provincia” -o sea, que asuma todas las exigencias del ajuste. Las limitaciones sociales del kirchnerismo para prescindir de los Scioli están a la vista.
La huelga docente también pone de manifiesto la completa impotencia de la oposición que en la provincia y en el país pretende asumir la bandera del ‘progresismo’, y hasta cosecha el apoyo de una parte de la izquierda para sus listas. Stolbitzer y el FAP se han zambullido en una campaña política contra cualquier represalia oficial a los sojeros, tan intensa como el silencio que guardan respecto de las huelgas docentes y hospitalarias. La alianza política que tejen los radicales y el FAP en Buenos Aires tiene como patrimonio común el haber votado el actual presupuesto de ajuste, así como los impuestazos desde los concejos municipales.
Una campaña política en apoyo a las huelgas
La huelga bonaerense se enlaza con tenaces luchas provinciales, como la que sostienen los propios docentes en Neuquén -en este caso, dirigidos por la combativa Aten. Muy cerca de allí, Río Negro continúa siendo un polvorín, con luchas hospitalarias y municipales. Lo mismo ocurre con la docencia del Chaco. En todos estos casos, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, tenemos planteada una intensa campaña política por la victoria de estas huelgas. La lucha de los docentes se liga con el destino de todas las paritarias, que las burocracias sindicales han subordinado a sus alianzas políticas con los ‘ajustadores’, del oficialismo o de la oposición tradicional. Pero se trata, también, de quebrar una orientación que conduce a hospitales desabastecidos y barrios en ruinas. Es necesario denunciar el papel de todos los bloques políticos en esta crisis y, particularmente, la mano del kirchnerismo y su falsa ‘prescindencia’ en los ajustes. Al programa de derrumbe social que todos ellos ejecutan, le oponemos la lucha por un salario igual a la canasta familiar, ajustable mensualmente con la inflación; el 82% móvil para los jubilados; impuestos extraordinarios a beneficios y grandes patrimonios, para satisfacer al conjunto de las reivindicaciones de salud, educación y vivienda. Una intervención resuelta en estas luchas es inseparable de la batalla por desarrollar una alternativa de izquierda en 2013.

Marcelo Ramal