Partido Obrero de Lomas de Zamora

El gobierno y el congreso

No son pocos los que han caracterizado a la sesión preparatoria del Congreso como el punto de partida de un nuevo régimen político, “responsable ante el parlamento”. Las expectativas no sólo se fundan en la mayoría que la oposición impuso en las comisiones. Reposa, también, en la posibilidad de avanzar en la “desborocotización” de numerosos diputados kirchneristas, que haría de la mayoría opositora un hecho irreversible. Precisamente, una de las iniciativas parlamentarias que promueve el pejotismo disidente es la modificación del régimen impositivo entre la nación y las provincias, para “aflojar la extorsión kirchnerista” sobre los representantes del interior. Con el mismo propósito –golpear a la camarilla oficial– en la agenda parlamentaria opositora figura la reforma de la ley de medios y la modificación del Consejo de la Magistratura, en momentos en que los K están comprometidos por numerosas causas judiciales de corrupción.

La “parlamentarización” tropieza, sin embargo, con limitaciones de fondo: Argentina tiene un régimen presidencialista, o sea que la decisión política está en manos del Ejecutivo. El Congreso es incapaz de gobernar, por eso funciona como una escribanía; encima de todo está dividido en numerosos bloques. En estas condiciones, o los K se las arreglan para explotar las contradicciones de la oposición para neutralizar su debilitamiento, o vamos a elecciones adelantadas. A esto se resume el bonapartismo de los K: el Congreso no puede gobernar y ellos sólo pueden hacerlo si logran violentar los obstáculos parlamentarios. De conjunto, estamos en presencia de la desintegración del régimen improvisado sobre las ruinas de 2001. El kirchnerismo nunca pudo dejar de lado los métodos de emergencia con los que gobernó desde 2003 y ahora debe lidiar con otra bancarrota. La expresión más clara de ello es la prolongación de la “ley de emergencia económica”, que permite al gobierno manejar discrecionalmente tarifas, subsidios y partidas presupuestarias según las exigencias de los pulpos privatizadores, por un lado, y de la presión popular, por el otro. El kirchnerismo amenaza, además, con imponer un régimen de vetos. Graciela Camaño le advirtió, apropiadamente, que entonces sobrevendría un cacerolazo, no una insistencia parlamentaria. (Leer artículo complet aquí)